Cada 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, una iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) que busca desplazar el foco de la gestión de crisis hacia la prevención estratégica. La fecha invita a replantear una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos invirtiendo millones en reconstruir ruinas cuando podríamos invertir en evitar que se produzcan?
El caso de Iloilo: reubicación sin desarraigo
Para entender cómo se traduce la teoría a la escala del barrio, basta con mirar a la ciudad de Iloilo, en Filipinas. Situada en una de las regiones más expuestas a tifones e inundaciones del planeta, Iloilo enfrentaba un dilema recurrente: miles de familias vivían a orillas de ríos y canales en condiciones de alta vulnerabilidad socioambiental, expuestas a perderlo todo con cada crecida.
La respuesta tradicional en estos contextos suele ser el desalojo forzado o la reubicación apresurada tras una tragedia, medidas que suelen fracturar el tejido social y empujar a las comunidades a periferias desprovistas de empleo y servicios. En Iloilo, la alianza entre el gobierno local, la federación de los sin techo (Homeless People’s Federation Philippines) y redes comunitarias cambió el guion.
Mediante un proceso de gobernanza participativa, fueron los propios residentes quienes mapearon las zonas de mayor peligro, identificaron terrenos seguros y diseñaron sus futuros barrios. Más de 1.250 hogares ubicados en áreas de altísimo riesgo fueron reubicados de forma preventiva y concertada. No hubo camiones militares ni desplazamientos nocturnos; hubo asambleas, ahorro comunitario y negociación colectiva. Al asumir un rol activo en la planificación de sus viviendas, las familias no solo ganaron un techo seguro frente a las riadas, sino que preservaron las redes de apoyo mutuo que garantizan su subsistencia diaria.
La teoría detrás de la práctica: resiliencia comunitaria y saber local
Desde la sociología urbana y la geografía del riesgo, investigadores como Gilbert White o David Harvey han argumentado que los desastres no son "naturales", sino el resultado de decisiones sociales, económicas y territoriales que exponen a ciertos grupos a mayores peligros. La vulnerabilidad no es una condición inherente a las personas, sino el producto de procesos de exclusión espacial.
En este marco, el concepto de resiliencia comunitaria adquiere una dimensión política. No se trata simplemente de resistir o "rebotar" para volver al estado anterior —que a menudo era precario—, sino de transformar las condiciones de habitar. Cuando la gestión del riesgo incorpora el conocimiento local (las memorias de inundaciones pasadas, los atajos de evacuación, la solidaridad vecinal), la administración pública deja de imponer soluciones genéricas e ineficaces. El caso de Iloilo demuestra que el reasentamiento preventivo autogestionado reduce radicalmente la exposición al peligro sin destruir el capital social de la comunidad.
Habitarnos en tiempos de incertidumbre
Las ciudades del siglo XXI no pueden permitirse el lujo de la improvisación. La crisis climática global se manifiesta en microescuelas locales: una marejada que supera la rambla, una ola de calor insostenible en barrios sin arbolado o una tormenta que colapsa el drenaje de una avenida principal.
Proteger el entorno urbano no es un asunto exclusivo de ingenieros o urbanistas; es una construcción diaria en la que cada comunidad debe tener voz y capacidad de decisión. La experiencia nos muestra que las ciudades más fuertes no son las que levantan muros más altos, sino las que tejen redes más sólidas entre sus habitantes. Cabe preguntarse entonces: ¿cuánto conocemos la anatomía de los riesgos de nuestro propio barrio y qué espacio estamos dispuestos a reclamar en la planificación de nuestro futuro?
